AGENDA PÚBLICA
- Isabel Peña Rodriguez
- 27 may
- 5 Min. de lectura
¡Gobernanza y Gobernabilidad en el Perú Actual!
Por C. Isabel Peña Rodríguez
27/05/2025
Introducción
La gobernanza es el proceso de tomar y hacer cumplir decisiones dentro de una organización, Estado o sociedad. Es el proceso de interacciones a través de las leyes, las normas sociales, el poder (social y político) o el lenguaje estructurado en la comunicación de una sociedad organizada sobre un sistema social.
El concepto de gobernabilidad ha ganado protagonismo en las ciencias sociales desde mediados del siglo XX, particularmente en contextos democráticos donde se buscaba armonizar la respuesta del Estado frente a demandas sociales cada vez más complejas. En el caso del Perú, la gobernabilidad se ha visto condicionada por múltiples factores históricos, estructurales y coyunturales que han afectado tanto la legitimidad como la eficacia del Estado. Este artículo analiza las causas y consecuencias de las crisis de gobernabilidad en el Perú, así como su impacto en la política interna y su proyección internacional.
La gobernabilidad se define como el ejercicio legítimo, eficiente y eficaz del poder. Implica la capacidad del Estado para diagnosticar, diseñar, formular, ejecutar, seguir y evaluar políticas públicas de manera coherente, garantizando el orden y la estabilidad sin renunciar a la legitimidad democrática. En nuestro país, este ideal ha sido difícil de alcanzar debido a factores como la debilidad institucional, el autoritarismo histórico y la fragmentación social.
Desde una perspectiva politológica, gobernabilidad no solo significa control político, sino también el logro de objetivos sociales y económicos bajo parámetros de transparencia, eficacia y legitimidad. Es un concepto interdisciplinario que implica elementos de sociología, economía, filosofía política y administración pública.
Década de los ochenta: violencia y crisis institucional
El retorno a la democracia en 1980 coincidió con el inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso, uno de los movimientos terroristas más violentos del mundo. La incapacidad del Estado para hacer frente a esta amenaza generó una grave crisis de gobernabilidad. Al mismo tiempo, se desarrollaron redes del narcotráfico y se produjo una migración masiva del campo a la ciudad, configurando cinturones de pobreza y presionando los servicios públicos.
Los gobiernos democráticos de Fernando Belaúnde y Alan García enfrentaron no solo el terrorismo, sino también una severa crisis económica e hiperinflación. Esta situación condujo a un colapso institucional que alimentó la percepción ciudadana de que los sistemas democráticos eran ineficaces para garantizar el bienestar.
Fujimorismo: autoritarismo con resultados mixtos
La llegada de Alberto Fujimori al poder en 1990 trajo consigo un giro radical hacia el autoritarismo. Su gobierno aplicó reformas económicas neoliberales, estabilizó la economía y derrotó militarmente al terrorismo, pero al costo de debilitar el Estado de derecho. El "autogolpe" de 1992, la disolución del Congreso y el control del Poder Judicial marcaron un retroceso democrático.
Fujimori gobernó con un respaldo militar explícito y fortaleció instituciones como el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), implicado en violaciones sistemáticas de derechos humanos. La justicia militar adquirió protagonismo, desplazando la jurisdicción civil y comprometiendo la independencia judicial.
Crisis institucional y ausencia de Estado de Derecho
La intervención política en organismos clave como el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura debilitó gravemente el marco institucional. Estas acciones generaron protestas de diversos sectores sociales e incluso repercusiones internacionales, como la postergación de préstamos del Banco Mundial.
En el ámbito judicial, la percepción de corrupción, ineficacia e interferencia política ha erosionado la confianza ciudadana. La falta de rendición de cuentas y la imposibilidad de que el Poder Judicial actúe con autonomía han convertido al sistema de justicia en un actor deslegitimado.
Desintegración social: fragmentación y exclusión
Más allá de las crisis coyunturales, el Perú enfrenta un proceso más profundo de desintegración social. La falta de cohesión, el racismo estructural, la marginación de sectores rurales y el desprecio hacia los provincianos son síntomas de una sociedad atomizada.
Las migraciones internas, el crecimiento de la economía informal y la desconfianza entre ciudadanos reflejan un país donde las relaciones sociales son frágiles y las instituciones carecen de legitimidad. La inseguridad y la desigualdad han generado una sensación colectiva de vulnerabilidad.
Economía: estabilización con altos costos sociales
La estabilización económica de los años noventa se dio bajo un modelo neoliberal que liberalizó el mercado, privatizó empresas estatales y redujo el papel del Estado. Aunque se logró reducir la inflación y atraer inversión extranjera, el modelo también provocó recesión, desempleo y precarización laboral.
El Perú tiene uno de los índices más altos de informalidad laboral en América Latina. La población ocupada genera su propio empleo en condiciones precarias. La pequeña y microempresa representan una solución temporal, pero requieren políticas de apoyo para mejorar su productividad y sostenibilidad.
Desigualdad regional y falta de descentralización efectiva
La centralización del poder económico y político en Lima han marginado las regiones como la Sierra y la Selva. Aunque se han propuesto estrategias descentralizadas, estas no han sido implementadas de manera efectiva. La falta de infraestructura, conectividad y políticas productivas ha impedido el desarrollo de estas zonas, agravando la desigualdad territorial.
Desprestigio de las instituciones y cultura política
Los partidos políticos son las instituciones menos valoradas por la ciudadanía, lo que evidencia una crisis de representación. El Congreso, el Poder Judicial y la Policía Nacional también reciben niveles muy bajos de confianza, en contraste con la figura presidencial que, por momentos, concentra popularidad.
Este desequilibrio entre instituciones genera un riesgo autoritario y perpetúa prácticas políticas verticalistas. La sociedad peruana aún carece de una cultura política democrática sólida que promueva la rendición de cuentas, el respeto por la legalidad y el consenso.
Gobernabilidad y rendición de cuentas: retos actuales
Para lograr una gobernabilidad auténtica, el Perú necesita consolidar el Estado de derecho, mejorar la transparencia, fortalecer sus instituciones y asegurar la participación ciudadana. La rendición de cuentas no solo implica castigar el abuso del poder, sino también establecer mecanismos que garanticen la supervisión ciudadana. La rendición de cuentas implica que el poder se ejerza bajo normas y se castigue el abuso, en un entorno donde la autoridad se delega con responsabilidad y control. En el Perú, esta práctica aún está lejos de consolidarse.
Conclusiones
Concluyo que la gobernabilidad en el Perú enfrenta enormes desafíos estructurales: una sociedad fragmentada, instituciones débiles, una economía excluyente y una historia marcada por el autoritarismo. Sin embargo, también existen oportunidades. Las transformaciones sociales recientes, el deseo popular de participación democrática y la exigencia de justicia social permiten vislumbrar un nuevo orden más justo y moderno.
Para ello, es indispensable promover una ciudadanía activa, fortalecer el tejido social, modernizar el Estado y garantizar una distribución equitativa de los recursos. Solo así se podrá construir un país donde la gobernabilidad sea sinónimo de democracia, inclusión y desarrollo sostenible.
"La política consiste en encontrar rumbo en medio de las ruinas."
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